La batalla contra los alojamientos a corto plazo en San Juan

Restricciones y regulaciones en la economía colaborativa

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El tema de la regulación e intervención gubernamental es uno de los más importantes relacionados al debate que trae consigo la economía colaborativa en el turismo. En Puerto Rico, ese choque regulatorio y conflictivo comenzó con la llegada de Uber en el verano del 2016. Para aquel entonces, las expresiones de varias agencias gubernamentales y gremios de transporte sobre el marco regulatorio para este nuevo competidor fueron férreas y contundentes, provocando un gran debate sobre el transporte terrestre y la regulación del mismo. Las denominadas “Empresas de Red de Transporte” (ERT), estuvieron al vaivén de tres agencias gubernamentales y no es hasta el 5 de mayo de 2018, cuando se adopta el nuevo “Código de Reglamentos” de la Comisión de Servicio Público (CSP) donde exige que las personas que conducen un vehículo conectado a una ERT cumplan con ciertos requisitos. En ese momento la Fundación publicó un estudio sobre el tema titulado “Economía Colaborativa: Innovación y Regulación en la Transportación Terrestre”. En este estudio la Fundación insto a las agencias de gobierno pertinentes a que no se les aplicara a las empresas de red de transporte la misma regulación anticuada de los taxis turísticos, sino que se atemperara el marco regulatorio a los tiempos para que el mismo promoviera la innovación y velara por los mejores intereses de los consumidores.

Un caso similar está ocurriendo ahora mismo con los alojamientos a corto plazo. Recientemente, el debate generado sobre el tipo de regulación a aplicarse para los alojamientos a corto plazo, a sido inspiración para la creatividad legislativa en Puerto Rico. Desde el 2017, se han radicado una serie de proyectos y resoluciones relacionadas a la regulación de la economía colaborativa haciendo énfasis a los alojamientos a corto plazo. Alrededor de cuatro proyectos de ley se han discutido en la legislatura, dos resoluciones de investigación, una ordenanza a nivel municipal y un caso judicial que ha llegado hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. A continuación, un panorama sobre el marco legal de la economía colaborativa en Puerto Rico:

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Una de las medidas que ha causado más debate es el recién proyecto de la Legislatura Municipal de San Juan (Ordenanza Núm. 24, Serie 2018-2019) [1]. Este proyecto propone crear un reglamento para alquileres a corto plazo en el Municipio de San Juan con el fin de establecer un proceso de licencias al uso y por clasificación. Además, delimita las áreas donde este uso puede ser implementado para proteger zonas residenciales en la ciudad y zonas históricas que lo ameriten, limitando la cantidad de propiedades y habitaciones que pueden ofrecerse como alojamientos a corto plazo. Dicha ordenanza, propone el establecimiento de tarifas anuales de $250 hasta $500 para la renovación de la licencia de uso, un impuesto de 3% sobre el ingreso bruto obtenido durante la operación del negocio, un permiso domiciliario, mostrar evidencia de cumplimiento con el “Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio”, además del endoso de bomberos y de salud. La legislatura sostuvo ocho vistas públicas en donde un total de 28 deponentes tuvieron la oportunidad de exponer sus recomendaciones y/o críticas a dicho proyecto. Entre las ponencias radicadas, la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, reiteró su oposición al proyecto. Según la CTPR, el proyecto contiene “elementos que son contrarios al derecho y jurisprudencia interpretativa vigente (…) Además, dispone aspectos regulatorios que hoy día son de inherencia exclusiva de la CTPR.” Entre las alternativas que la CTPR propone es el enmendar la Ley Núm. 272-2013 para incrementar el impuesto del canon por ocupación (conocido como el “Room tax”) de este tipo de alojamiento, para que parte de la cantidad determinada, vaya directamente a las arcas municipales. Luego de ocho (8) reuniones públicas finalizadas el 12 de marzo de 2019 y 28 ponencias sometidas, la Legislatura Municipal de San Juan aún no ha dilucidado un resultado sobre la Ordenanza #24.

Entre los proyectos radicados en la Legislatura, se encuentran el Proyecto del Senado 1010, el cual dispone que es la CTPR la entidad gubernamental con el peritaje y facultades en ley para regular y otorgar permisos aplicables; el Proyecto de la Cámara 1081, el cual dispone la creación de una “ley para fomentar y regular el arrendamiento a corto plazo” y enmendar las leyes de condominios y control de acceso; y el Proyecto de la Cámara 1644 el cual busca que los municipios no puedan imponer limitaciones a industrias de alojamientos a corto plazo. Cabe señalar que ninguno de estos proyectos se ha aprobado en la Legislatura.

A falta de una política pública clara y concisa lo que tenemos un marco regulatorio incompleto e ineficiente. Actualmente, vemos una enramada de medidas regulatorias que intentan determinar la manera en cómo se debería regular este tipo de actividad económica. Sin embargo, el Proyecto del Senado 0840, puede ser la alternativa a considerarse para establecer la base para futuras regulaciones dentro de esta actividad, más allá de los alojamientos a corto plazo ya que es la única medida que busca crear una política pública uniforme que considere el desarrollo e impacto de la economía colaborativa para todo Puerto Rico y no solo un municipio. Este proyecto tampoco ha sido aprobado en la legislatura.

Para la Fundación, la aprobación implementación de la Ordenanza Núm. 24, de la Legislatura Municipal de San Juan, según redactada, tendrá serias implicaciones al desarrollo de la economía del visitante en la Isla y crearía un mal precedente en el desarrollo de la economía colaborativa en Puerto Rico. Así como en el 2016, cuando la Fundación publicó un estudio recomendando un marco regulatorio para las empresas de red de transporte, a finales de mayo de este año, se publicará una serie de recomendaciones de política pública sobre este tema en particular.

Con un potencial exponencial, la economía colaborativa es sin duda, un pilar importante en la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso, exhortamos a los reguladores a ser prudentes con los reglamentos, ya que estos pueden afectar el desarrollo de estos modelos y productos novedosos vinculados a miles de residentes y visitantes.

1. https://legislaturasanjuan.pr/biblioteca/proyectos-radicados/proyectos-de-ordenanzas/2018-2019-2/10988-proyecto-de-ordenanza-num-24-serie-2018-2019/file